No obstante, el Proyecto contiene otras previsiones que inciden en la contratación pública:
Esperamos vuestros comentarios sobre estas medidas (quizás no tan polémicas como las relativas a la piratería informática) pero no por ello menos importantes.
- Exclusión de la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar.
- Elevación a definitiva de la adjudicación provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida, sin agotar el plazo de quince días hábiles general, salvo que el contrato sea susceptible de recurso especial.
- Regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado (CCPP) bajo fórmulas institucionales, las denominadas Sociedades de economía mixta: se regula la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia.
- Se abre la posibilidad de obtener avales del Estado para la financiación de actuaciones de colaboración público privada.
- Aumento del porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas hasta el 50 %, con el objetivo de fomentar la participación de Pymes en la contratación pública.
- Las Administraciones deberán abonar el pago en los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras (hasta ahora 60 días), a partir de 2013.
- También se regula un plazo máximo de sesenta días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte de cualquier contratador.
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